Ciudad de México, 18 de septiembre de 2024. A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno federal ha anunciado una nueva medida para avanzar en la investigación: se ofrece una recompensa a quienes proporcionen información fidedigna sobre el paradero de los jóvenes o datos clave que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El anuncio fue hecho público este miércoles en una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. Durante el evento, Encinas subrayó que el gobierno se mantiene comprometido con la verdad y la justicia para las familias de los estudiantes, y que no se descansará hasta lograr que se conozca el destino de los normalistas.
Recompensa como estrategia para romper el silencio
La recompensa, cuyo monto aún no ha sido revelado públicamente, busca incentivar a personas que tengan información relevante sobre la desaparición forzada de los estudiantes. Las autoridades esperan que esta iniciativa ayude a romper el muro de silencio que ha rodeado el caso desde hace una década, y que ha sido alimentado por la presunta participación de autoridades locales y grupos del crimen organizado.
Encinas destacó que esta medida se toma en paralelo con las investigaciones que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada en 2018, y que se han intensificado los esfuerzos para dar con los responsables y con la verdad sobre lo sucedido.
Un caso aún lleno de sombras
A lo largo de estos diez años, la desaparición de los 43 estudiantes ha sido objeto de diversas investigaciones nacionales e internacionales, incluyendo los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin embargo, el caso sigue marcado por la falta de claridad sobre el destino de los estudiantes y por la impunidad en torno a los responsables.
Familiares de los normalistas han recibido con cautela el anuncio de la recompensa. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los desaparecidos, señaló que aunque cualquier medida que ayude a esclarecer el caso es bienvenida, los esfuerzos del gobierno deben centrarse en seguir las líneas de investigación pendientes y garantizar la rendición de cuentas de quienes obstaculizaron la justicia.
Persiste la demanda de justicia
A pocos días de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, las movilizaciones y actos conmemorativos se han intensificado. Las familias de los 43 continúan exigiendo respuestas claras y justicia plena, insistiendo en que, hasta la fecha, el gobierno no ha logrado cumplir con su promesa de esclarecer completamente los hechos y castigar a los responsables.
El caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de las graves violaciones a los derechos humanos en México y de la lucha contra la impunidad que persiste en el país. Con esta nueva recompensa, el gobierno espera dar un paso decisivo hacia la verdad, aunque queda por ver si esta estrategia logrará obtener la información que tanto se ha buscado durante una década de incertidumbre y dolor.