Hoy, la reforma de la Guardia Nacional es una realidad. 🪖 Comprometidos con el pueblo, trabajamos para fortalecer la seguridad y las instituciones, afirmó Antonino Morales Toledo.
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Antecedentes
La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de seguridad destinada a combatir la violencia y la inseguridad en el país, sustituyendo a la Policía Federal. Aunque inicialmente se concibió como una fuerza civil con formación militar, bajo la reforma se plantea una mayor militarización, otorgando a la SEDENA un control casi total sobre la corporación.
Puntos clave de la reforma
Integración con SEDENA: La reforma propone que la Guardia Nacional quede bajo el mando operativo de la SEDENA, consolidando su carácter militarizado. Esto ha generado debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el control civil sobre las fuerzas armadas.
Despliegue en todo el país: La Guardia Nacional ha jugado un papel importante en la lucha contra el crimen organizado, con despliegues en todo el territorio nacional. La reforma busca asegurar su permanencia y su capacidad operativa.
Capacitación y recursos: Al integrarse a la SEDENA, se espera que la Guardia Nacional reciba más recursos y mejor capacitación, con el fin de fortalecer su estructura y eficiencia en la lucha contra el crimen.
Controversias y críticas
La reforma ha enfrentado críticas de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y algunos expertos en seguridad. Los detractores argumentan que la militarización de la seguridad pública podría debilitar las instituciones civiles y afectar los derechos humanos, recordando casos de abusos por parte de las fuerzas armadas en el pasado. Además, temen que esto signifique una permanencia indefinida de las fuerzas armadas en las calles, lo que podría afectar la institucionalidad democrática del país.
Por otro lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido la medida, asegurando que es necesaria para enfrentar los altos niveles de violencia que persisten en México y que la Guardia Nacional tiene un mandato claro para respetar los derechos humanos.
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